febrero 5, 2019

Sobre la desigualdad social

Listín Diario / Opiniones
Autora: Margarita Cedeño de Fernández

La semana pasada estuvo marcada por dos informes de la realidad social de la República Dominicana, presentados por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que plantean retos importantes para el país en lo relativo a la desigualdad social.

El tema preocupa y ocupa a Gobiernos, instituciones de la sociedad civil e instituciones académicas en todo el mundo. Una muestra de ello es la denuncia de que la fortuna de los más ricos del mundo crece a un ritmo de 2,500 millones de dólares por día, mientras que la riqueza del 50% más pobre de la población mundial, se redujo en esa misma medida, solo en el 2018.

La realidad socioeconómica de la República Dominicana, al igual como sucede en gran parte de la región, es una mezcla entre satisfacción y pesimismo. Lo primero obedece a los importantes avances que hemos alcanzado en la última década, que se reflejan en una mejora de las economías, la institucionalidad política y social y la mejora de los principales indicadores del bienestar. El pesimismo, por el otro lado, proviene de los grandes retos que enfrentamos como región y como país, especialmente desde el año 2015, que se han presentado retrocesos en materia de pobreza extrema.

La realidad es que El PIB es una medida muy limitada para reflejar el bienestar de una sociedad, y que habría que construir un conjunto sencillo de medidas que reflejen las principales inquietudes de la nueva economía

En su Panorama Social 2018, la CEPAL advierte sobre el retroceso del país en desigualdad social, medida por el Índice de GINI. Aunque el retroceso es mínimo y, como ha dicho el Banco Central, «bien podría responder a una fluctuación aleatoria y estadísticamente no significativa», no menos cierto es que la falta de una mejora en el indicador de la desigualdad social es una alerta para quienes hacemos parte de las políticas públicas.

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por su parte, revela un conjunto de factores que profundizan la desigualdad social y resultan en una distribución ineficiente del crecimiento económico constante que experimenta la República Dominicana. Estas desigualdades que arroja el estudio se correlacionan con la realidad geográfica de los municipios del país y la condición social de los ciudadanos.

Al evaluar este informe, encontramos un conjunto de municipios y provincias que no han recibido el desarrollo económico al mismo ritmo que las comunidades más privilegiadas. De la misma manera, observamos las serias brechas sociales que existen entre ricos y pobres, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, personas con y sin discapacidad.

Ambas publicaciones coinciden en un punto esencial para el debate en nuestro país. Mientras CEPAL aduce el aumento de la desigualdad social a la necesidad de aumentar los ingresos, es decir, el salario; el PNUD, por su parte, vincula la desigualdad social no solo al salario, sino también a un mayor acceso a servicios sociales y una mejora en el gasto público.

Para dar respuesta a estas realidades, debemos comprender que la mejora económica no se traduce necesariamente en prosperidad compartida, lo que demanda una respuesta eficiente que aborde la abrupta diferencia de ingresos entre latinoamericanos que sigue trabando el desarrollo. La desigualdad social es una «barrera para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía y la propia gobernabilidad democrática».

Esa «respuesta eficiente» debe darse desde el capítulo del gasto social, porque es a la política social a la que le corresponde «no dejar a nadie atrás», lo que se traduce en el fortalecimiento de los programas de protección que se llevan a cabo a favor de las personas con mayores limitaciones de acceso a los mercados laborales. La falta de inversión en protección social ya es reconocida como uno de los principales obstáculos para la movilidad social y la igualdad de oportunidades y derechos.

Así como el crecimiento económico medido por el PIB ha sido por muchos uno de los objetivos principales de los gobiernos y proyectos políticos, en la misma medida, la reducción de la desigualdad social debe convertirse en objetivo prioritario de cualquier proyecto político, ocupando la primacía de los programas electorales.