Los principales organismos in­ternacionales que tienen inci­dencia en la re­gión de América Latina y El Caribe han publicado sus cálculos que indican que el PIB per cápita de la región retrocederá a los niveles del 2010, debido a los efec­tos económicos de la pan­demia. Desde ya podemos hablar de una década per­dida, debido a que el esfuer­zo realizado por muchos países para obtener desa­rrollo económico y social se ha perdido por los efectos de una crisis que afectará el PIB per cápita de 9 de cada 10 países en todo el mundo.

El colapso del comercio mundial, el desplome del turismo, la caída de las ex­portaciones, la disminución de la inversión extranjera y del flujo de capitales a la re­gión y al país, son solo algu­nos de los efectos negativos causados por el COVID-19 que han puesto en riesgo el gran avance de los últimos 10 años.

De acuerdo con la CEPAL, en la medida en que continúa el avance del coronavirus se va intensificando la crisis en la región, que ya supone la peor contracción de los últi­mos 100 años. Las decisiones populistas de algunos gobier­nos han acentuado la crisis, lo que ha llevado a revisar las estimaciones de variación del PIB hacia la baja.

Nos preocupa sobrema­nera la proyección de la población en situación de pobreza que, sin dudas, au­mentará debido a los efec­tos del COVID. La CEPAL proyecto un aumento de la pobreza en la región a un 37,3% y la pobreza extrema a un 15,5%. A esa realidad debemos sumarle el fuerte golpe que recibirán las cla­ses medias, debido al cierre de las MIPYMES y la paráli­sis económica que aún per­siste.

Eso ha llevado a insistir cada vez más en la nece­sidad de políticas sociales universales, progresivas y distributivas, tal y como lo plantean varios orga­nismos de la región. Pro­gresando con Solidari­dad y Quédate en Casa han sido ejercicios exito­sos en la búsqueda de un ingreso básico que satis­faga las necesidades bá­sicas de la población, que deberán mantenerse has­ta tanto el país retorne al sendero de crecimiento económico y disminución del desempleo que se ob­servaba previo a la crisis del coronavirus.

La política social es el cau­ce principal para conservar parte de los logros alcanza­dos durante la última dé­cada, de manera que no se pierda todo lo que el país ha obtenido como retorno de la inversión social. En la medi­da en que se genera un pacto para proteger lo que existe, la recuperación será más rá­pida y el impacto económico será más leve.

Que esta sea o no una dé­cada perdida dependerá mucho de las políticas que implementará el próximo gobierno que inicia el 16 de agosto, pero quienes ejerce­rán la oposición, las organi­zaciones no gubernamen­tales, los grupos de presión y los empresarios, también jugamos un rol fundamen­tal en moldear la estructura económico y social que sos­tendrá al país mientras du­re esta crisis y la que vendrá después.

Como sociedad, debemos estar preparados para una batalla larga, donde la unifi­cación de criterios y el trabajo mancomunado serán la clave para la recuperación. Cada ente de la sociedad debe asu­mir su responsabilidad, con criterio y entrega, para que esta no pase a ser una década perdida, por lo menos, no del todo.