agosto 20, 2014

La paz social desde un enfoque de igualdad

Discurso pronunciado en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio

Señoras y Señores:

Activistas sociales, académicos, investigadores, políticos y, especialmente, economistas laureados con el premio Nobel, coinciden al identificar el reto más importante que como sociedades nos toca enfrentar en el siglo XXI: hablamos de la desigualdad.

Paul Krugman considera la desigualdad como el desafío definitorio de nuestros tiempos; afirmando que la desigualdad que existe hoy impide el crecimiento económico.

Joseph Stiglitz ha reflexionado sobre las consecuencias de la desigualdad: altos índices de criminalidad, problemas sanitarios, menores niveles de educación, de cohesión social y de esperanza de vida.

Y el Papa Francisco afirma rotundo, cito literal: “La crisis económico-social y el consiguiente aumento de la pobreza tiene sus causas en políticas inspiradas en formas de neoliberalismo que consideran las ganancias y las leyes de mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad de las personas y de los pueblos. En este contexto, reiteramos la convicción de que la pérdida del sentido de la justicia y la falta de respeto hacia los demás se han agudizado y nos han llevado a una situación de inequidad”

Y no es que la desigualdad sea un fenómeno nuevo, siempre han existido aquellos que tienen mucho y aquellos que tienen poco; lo que sucede es que en esta etapa de consolidación de los Estados de Derecho, las diferencias entre unos y otros jamás habían sido tan pronunciadas.

La pregunta obligatoria es: ¿Cómo hemos llegado aquí? Y la pregunta moral y política es inevitable: ¿Cuánta desigualdad podemos asumir?

Paradójica-mente, la respuesta a una pregunta que alude a un fenómeno tan complejo es relativamente sencilla.

En la era de la post-industrialización, la dinámica de las economías de libre mercado ha impuesto una realidad indiscutible: El capital, y no ningún otro factor, es el mayor generador de beneficios y riquezas.

De ahí que, en un mundo donde los procesos productivos capital intensivo desplazan vertiginosamente a aquellos que dependen más de la mano de obra; se genere una dinámica excluyente, en la que sólo crean beneficios y acumulan riquezas aquellos con capacidad inicial de producirla.

En otras palabras: nuestros modelos económicos han dictado el axioma de que solo el dinero genera dinero, salvo contadas excepciones.

Por otro lado, con el resurgimiento en los años 80 del enfoque económico liberal, de la mano de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, una vez más se pensó que el mercado por sí solo tenía la capacidad, no solo de auto-regularse, sino de producir riquezas, y que estas, como por arte de magia se derramarían a todos los otros sectores de la economía.

Esto, que conocemos como el “Trickle Down Economics”, no funcionó. Y su manifestación institucional, que el mundo conoció como el “Consenso de Washington”, también terminó descartado por considerarse un enfoque errado, y uno propiciador de condiciones que acentuaron la pobreza y la desigualdad.

En este contexto es que ha recobrado vigencia y sustento la visión de que una de las responsabilidades troncales de los Estados tiene que ser, ineludiblemente, la intervención sistemática y decidida en forma de políticas sociales, que garanticen unas condiciones mínimas de vida, compatibles con la dignidad inherente a todo ser humano y que consagren la consecución de los derechos con categoría constitucional.

Las políticas sociales constituyen una expresión inequívoca de la justicia, la equidad y la solidaridad social. Y una obligación para el Estado de Derecho.

Esas políticas sociales, más allá de ser redentoras de necesidades cortoplacistas, son las columnas sobre las cuales descansa la gobernabilidad y la viabilidad del Estado de Derecho. Son el material adhesivo de un tejido social, que cuando se resquebraja genera traumas socioeconómicos, culturales e institucionales que a veces, toman décadas y generaciones sanar.

A pesar de esto, reconocemos que a veces surgen interrogantes en torno a la conveniencia o no de estos programas sociales, porque siempre será válido preguntarnos: ¿Por qué tenemos que invertir el dinero que proviene de los impuestos en programas sociales? ¿Ayuda realmente a las familias en pobreza que el Estado les transfiera recursos directamente?

Para nosotros, la respuesta es un cabal y rotundo SI.

Los programas de protección social basados en Transferencias Monetarias Condicionadas, tal como los que ejecutamos desde el Estado dominicano, aportan a dos objetivos principales:

Primero, lograr un alivio inmediato a la pobreza y reducir la vulnerabilidad. Y segundo, incidir en la construcción de capital humano y romper las causas estructurales de la pobreza intergeneracional. Además, estos programas empoderan y no debilitan la autoestima y la dignidad de las personas al condicionar la ayuda el esfuerzo y el compromiso.

Estos programas garantizan que el gasto gubernamental no sólo sea más justo al llegar a los hogares de más bajos recursos, sino también más eficiente, al permitir la eliminación de subsidios generalizados que generan distorsiones de mercado, y sustituirlos por subsidios focalizados.

Las transferencias monetarias condicionadas abordan las vulnerabilidades sociales que impiden el bienestar y que están vinculadas a condiciones de vida, inequidad de género o antecedentes socio económicos, que obstaculizan la igualdad de oportunidades y que el estado tiene la obligación de corregir.

Ahora bien, como ya sabemos, la pobreza, ni es lineal ni es estática, sino que es de naturaleza multidimensional y que va más allá de la pobreza monetaria.

Por eso, desde 2012, el enfoque de redistribución directa lo hemos complementado con un conjunto de intervenciones socio-pedagógicas y de creación de capacidades para el empleo y el emprendimiento, como estrategia principal para la salida de la pobreza; la que hemos denominado “Progresando con Solidaridad”.

Esa será la clave de que los resultados que les voy a presentar en unos momentos, no sólo se mantengan, sino que mejoren.

Aquí, en nuestro país, los programas TMC surgieron en una coyuntura especial.

Nos encontrábamos en el año 2004, a los pies de una crisis económica y financiera que disparó, no sólo la tasa de cambio, la inflación y el desempleo, sino la pobreza, sobrepasando esta el 50% de la población dominicana, lo que se tradujo en 1 millón y medio más de dominicanos pobres.

Para hacer frente a este drama humano, el gobierno que se inauguraba implementó el programa “Comer es primero”, el que posteriormente dio paso a las demás transferencias monetarias condicionadas y a los subsidios focalizados que hoy conforman nuestra red de protección social.

Hoy, nos presentamos ante ustedes, 10 años después, con la misión de contestar las siguientes preguntas:

¿Cuáles han sido los resultados y logros de estos programas? ¿Qué hemos logrado con esta inversión?

Apreciados miembros de esta Cámara Americana de Comercio:

Iniciemos por analizar los impactos de los TMC sobre el consumo y el comercio en nuestra economía.

La política social es determinante para el buen desempeño económico de un país.

En un estudio reciente publicado por la CEPAL y la Initiative for Policy Dialogue de la Universidad de Columbia, se afirma que los indicadores más relevantes de toda economía se ven afectados por las decisiones relacionadas a la política social.

Indicadores como la producción, el empleo, la inflación y la capacidad de consumo, permiten conocer el impacto de la política social en otros indicadores como el crecimiento, el desarrollo y la equidad.

Los beneficiarios que han sido debidamente categorizados como pobres, en las cuatro dimensiones que aplican, que son: vivienda, composición familiar, acceso a los servicios básicos y educación; incrementan su capacidad de consumo con transferencias que inician con RD$825.00 pesos mensuales para suplemento alimenticio y que alcanzan un promedio de RD$1,300 pesos mensuales, conforme a la composición familiar y al cumplimiento de corresponsabilidades.

En estos 10 años, hemos inyectado a la economía alrededor de 67 mil millones de pesos que han generado un efecto dinamizador en la misma. Esto ha impactado de manera positiva a todos los agentes de la cadena comercial: productores, mayoristas y minoristas; ya que alrededor del 80% de estos montos han sido destinados al consumo de alimentos.

Esto se verifica en la Red de Abastecimiento Social (RAS), que es donde transan cada mes, a través de una tarjeta de débito, las 823 mil familias beneficiarias y que en la actualidad sobrepasan los 5,000 establecimientos comerciales y emplean cerca de 20,700 personas.

Un estudio reciente del BID señala que de estos establecimientos comerciales, más del 96% han experimentado un incremento en sus ventas; reciben mayores beneficios en promedio que los colmados que no pertenecen a la Red; y obtienen servicios financieros y otros beneficios de la banca comercial, por el hecho de pertenecer al programa.

Otro resultado de dicho estudio indica que el 100% de los hogares beneficiarios compran arroz y aceite con los montos transferidos y más del 50% adquiere habichuelas, leche en polvo, azúcar, huevos, espagueti y salami.

Lo anterior implica que mensualmente más de 1,200 millones de pesos son destinados al sector agroindustrial vía las transferencias sociales.

Es preciso destacar que además de los hogares, comerciantes y productores, también se beneficia el sector financiero. La República Dominicana es el país modelo en la canalización de los recursos sociales a través del sistema financiero.

Las instituciones que han licitado y ganado los procesos para proveer los servicios y manejar las operaciones que sustentan este sistema; generan ingresos a través del cobro de tasas operativas sobre las transferencias y se benefician de la bancarización de una población de alrededor de 2 millones de personas, a quienes hemos integrado a nuestro programa de educación financiera.

Amigos y amigas:

Una sociedad que valore sus logros económicos, disociados de sus logros sociales, refleja un alarmante vacío moral. Y compromete, gravemente, la sostenibilidad de su sistema económico. La pobreza empobrece a los que la padecen y al conjunto. La desigualdad es hoy la principal amenaza al futuro.

Por eso, tal y como ha dicho el Presidente y amigo Danilo Medina, las políticas económicas deben ser instrumentos de inclusión social, complementándose con las políticas sociales.

Porque la mejor política económica es el combate a la pobreza.

Pasemos entonces a examinar el impacto de la política social en los ámbitos de educación, salud, nutrición, capacitación y otros indicadores.

En los últimos 10 años hemos visto avances innegables en la educación, que de seguro serán ampliados a partir de las políticas implementadas por nuestro gobierno.

La evaluación de impacto realizada a inicios del presente año al programa Progresando con Solidaridad, confirma que los niños y niñas receptores del Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) han incrementado sus años de escolaridad, en promedio, en un 22.3% en la zona urbana y un 13.6% en la zona rural, como fruto de su participación en el programa.

También hay evidencias levantadas por el BID del efecto de estos programas en la disminución de los niveles de deserción, en la disminución de la tasa de repitencia y en el incremento de la tasa de inscripción.

Incluso, hemos impactando en la educación inicial de niños entre 3 y 6 años, a través de los Espacios de Esperanza, de los Centros Tecnológicos Comunitarios, generando un aumento en la matriculación de un 21.8%.

Como saben, esto se traduce directamente en una mayor acumulación de capital humano y en una nueva capacidad de generación de ingresos futuros.

Organismos internacionales certifican que hemos logrado una cobertura de 98% en educación básica y que el reto que ahora tenemos que enfrentar, es en la educación media – hoy bachillerato – que es donde las tasas de abandono y deserción escolar siguen siendo más altas, debido a la pobreza y a la vulnerabilidad socioeconómica de las familias o al inicio de la actividad laboral.

En este aspecto, quiero llamar la atención sobre el fenómeno que, aunado al abandono y a la deserción escolar, constituye el obstáculo que más profundiza, perpetúa y amplifica la pobreza: el embarazo en las adolescentes.

UNICEF plantea que el 44% de los adolescentes entre 14 y 17 años que no asisten a la escuela, lo hacen por un embarazo o por haberse unido en pareja.

Existen estudios del BID y del Banco Mundial, que establecen una correlación entre la reducción de vulnerabilidad al embarazo en adolescentes y la participación en los programas de TMC en la región.

Desde Progresando con Solidaridad, hemos constatado esta realidad, ya que entre las adolescentes que participan en nuestras programas, la incidencia del embarazo es 50% menor a aquellas que no pertenecen al mismo.

Y aquí hemos podido confirmar que el acompañamiento socio-familiar de Progresando con Solidaridad, a través de los programas de prevención, tales como “Bebé piénsalo bien” “Yo Decido Esperar” y “Volver a Empezar”, ha jugado un rol importante en estos resultados.

En Salud, el aporte más importante que hemos hecho desde los programas sociales, ha sido la creación de una cultura de atención primaria y preventiva.

Invertir en la medicina preventiva implica una mayor eficiencia y la sostenibilidad del sistema de salud y de la seguridad social.

En la asistencia de los beneficiarios en controles prenatales, control de puerperio, consejerías sobre nutrición, consulta y vacunación de niños de 18 a 60 meses, los datos indican que estos indicadores aumentan entre un 3% y un 13% gracias a la intervención de PROSOLI.

El impacto de estos programas se refleja en la disminución de la mortalidad infantil de 33,28 niños a 21,3 niños por cada 1,000 nacidos vivos.

Y desde el año 2007, las Políticas Sociales han integrado 1.6 millones de personas al régimen subsidiado de seguridad social.

Amigos y amigas:

Como pueden ver, las políticas sociales inciden favorablemente en las diferentes vertientes del bienestar integral de los dominicanos que se benefician de las mismas.

Tal es el caso:

1) de la disminución del hambre y la desnutrición en 1 millón de dominicanos y dominicanas en los últimos 10 años, de acuerdo al reconocimiento que ha hecho la FAO al país; gracias a la intervención de los programas TMC.

2) La disminución de la anemia por deficiencia de micronutrientes en niños de 0 a 5 años en un 50% en los últimos dos años, de acuerdo a los estudios realizados por el Programa Mundial de Alimentos, gracias a la entrega de suplementos nutricionales y vitamínicos a los beneficiarios de PROSOLI.

3) En el ámbito de los aportes a la seguridad ciudadana, verificamos que los beneficiarios de PROSOLI reportan una menor probabilidad de cometer actos de violencia dentro y fuera del núcleo familiar, gracias al acompaña-miento socioeducativo de las familias a través de las visitas domiciliarias y las Escuelas de Familias.

Los hogares que utilizan disciplina positiva para corregir a sus hijos e hijas se ha incrementado de un 20% en el año 2005 a un 87% en el 2012. Lo mismo ha sucedido con los hogares que resuelven sus problemas pacíficamente, pasando de un 64% en el 2005 a un 97% en el año 2012.

Como sabemos, la capacitación es la llave del progreso. A través de 35 Centros de Capacitación y Producción Progresando y 94 Centros Tecnológicos Comunitarios, estamos enseñando a las familias a pescar, en vez de darles el pescado, impactando en los últimos dos años en 181,000 personas que han obtenido un certificado de formación técnico profesional, de los cuales el 50% se ha insertado al mercado laboral; mientras que un 10% ha obtenido microcréditos para emprender negocios propios.

Señoras y Señores:

Luego de ver estos resultados, huelga preguntarnos:

¿Hacia dónde vamos en el campo de la lucha contra la pobreza? ¿Qué otras estrategias podemos implementar para hacer más eficiente la asignación de los recursos y ver más y mejores resultados?

El campo de la innovación social es vital para generar nuevas ideas que podemos implementar para combatir la pobreza. Y nuevos compromisos públicos y privados. Una alianza social contra las desigualdades. El Estado corrige y orienta, pero este combate es de toda las sociedad.

En distintas partes del mundo se evalúa, por ejemplo, el uso de la telemedicina para disminuir los costos de la salud y llegar a más personas; se discute la importancia del reciclaje como fuente de energía y empleo; el uso de materiales alternativos para la construcción de viviendas, de manera que se aborde el problema del hacinamiento, desde perspectivas más costo-eficientes; entre otras muchas innovaciones.

Pero también, hay una realidad, y es que los indicadores de pobreza han evolucionado y seguirán haciéndolo, en el sentido de que las privaciones cambiarán en la forma en que cambien las sociedades y el mundo, y es por ello que estamos en un constante análisis de la evolución de la pobreza hacia el futuro, junto con organismos internacionales y con instituciones académicas y de investigación de Europa, América Latina y Estados Unidos; evaluando proyectos que podamos emprender para lograr menores niveles de pobreza y mayor eficiencia en la inversión social.

Un ejemplo de esta evolución, tiene que ver con el cierre de la brecha digital.

¿Quién se iba a imaginar hace 10 años, cuando surgieron estos programas, que estaríamos considerando como un factor de pobreza la capacidad de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, como el internet? Probablemente nadie.

Pero hoy, es tema de discusión obligatorio,  al punto que ya hasta comienza a considerase como un derecho humano.

El informe que recientemente publicó la firma Deloitte sobre el Valor de la Conectividad, estima que elevar el acceso a internet en un 25% en los países en desarrollo, generaría 2.2 trillones de dólares para el PIB mundial y 140 millones de empleos para el mercado laboral.

Una oportunidad como esta sólo puede ser aprovechada por nuestro país si estamos dispuestos a hacer una importante inversión en banda ancha. Nuestro Gobierno ha dado pasos firmes en esta dirección, lo que adicionalmente redundará en transformaciones sociales en la salud, la educación, la productividad laboral, el flujo y acceso a la información, el emprendimiento y los negocios.

Nuestra visión de crear los Centros Tecnológicos Comunitarios en el año 2004, ha sido nuestro mayor aporte para propiciar el surgimiento de la industria tecnológica y sentar las bases del desarrollo humano integral e inclusivo, de la mano de las tecnologías.

En fin, tantas ideas innovadoras que podríamos implementar, requieren del apoyo de Ustedes, fortaleciendo la Alianza contra la Pobreza que hemos creado para tales fines y que constituye una estrategia público-privado a la que ya pertenecen una gran cantidad de empresas.

Distinguidos amigos y amigas:

En estas sociedades tan cambiantes, donde cualquier acción, por insignificante que parezca, es capaz de constituirse en punto de inflexión que genere transformaciones profundas; la función de producción de los empresarios no debe estar integrada únicamente por los factores de tecnología, capital y trabajo.

La magnitud y el enfoque de las políticas sociales, deberá ser otro factor a considerar.

En un Estado Social y Democrático de Derecho, todos debemos involucrarnos y velar por una buena y adecuada política social, porque sin ella, las injustas e insostenibles condiciones generadas por la exclusión y la desigualdad,  podrían quebrantar la paz social, y con ella, el clima imprescindible que requiere el buen funcionamiento de un Estado de Derecho.

Vivimos en un mundo que precisa de un nuevo contrato social entre Estado, Gobierno y Sociedad, basado en el bienestar colectivo, la equidad y la felicidad; un mundo, que necesita de políticas sociales incluyentes para mantener la cohesión social, evitando la profundización de la desigualdad y las condiciones que podrían conducir a rupturas sociales.

Tengan la plena seguridad y la absoluta confianza de que seguiremos trabajando en esa dirección con pasión, compromiso y genuina vocación, de la mano de todos ustedes.

Porque estoy convencida que invertir en la creación de capital humano y social para las generaciones presentes y futuras, es invertir en un mejor futuro para nuestro país y para el mundo.

Combatir las desigualdades, y erradicar la pobreza en nuestra sociedad:

-es un imperativo moral y ético,

-es un desafío para las políticas públicas,

-es un reto social inaplazable,

-es una urgencia para garantizar una sociedad justa y una economía sostenible,

-y es un compromiso político para cualquier demócrata y servidor público.

Este imperativo, este desafío y reto, esta urgencia y este compromiso son los principios de nuestro gobierno, y, de manera muy especial, también de todo mi equipo y míos personalmente.

No hay nación libre y próspera si la desigualdad condiciona la libertad de sus ciudadanos.

Ser libre es vivir en una sociedad justa y equitativa.

Este es nuestro compromiso: la libertad, la justicia y la equidad para todos los hombres y mujeres de la República Dominicana.

¡Muchas Gracias! ¡Qué Dios les Bendiga!