julio 6, 2016

Vivienda digna, un derecho de todos

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Amigos y amigas,

Hace apenas unos días, asistimos a la entrega de una de las obras de justicia social más significativa que ha desarrollado el Estado dominicano.

Con la inauguración de La Nueva Barquita, el Presidente Danilo Medina ha pagado una gran deuda con un sector de la población dominicana, que había perdido la fe y la esperanza de salir de la penumbra a la que estaban condenados.

La Nueva Barquita es el ejemplo perfecto de la integralidad de las políticas sociales, de la necesidad de abordar el déficit habitacional desde un enfoque multidimensional, donde se discuta no solo la necesidad de un techo digno, sino también la integración de este techo con el conjunto de los servicios que el Estado debe garantizar para sus ciudadanos.

Para esa discusión hemos propiciado este Foro Internacional de Políticas Públicas y Producción Social del Hábitat, para reflexionar sobre el rol de la política social en torno a la vivienda, en el entendido de que, desde el ejercicio del poder político, con un enfoque ético y moral, podremos crear las condiciones de bienestar que aseguren a las personas una mayor igualdad social, en aras de la protección de la dignidad que todos y todas poseemos como seres humanos.

Estoy convencida de que dar por dar lesiona la dignidad de los seres humanos; y pedir por pedir, por el simple hecho de que estén dando, la acribilla totalmente.

Gobernar no es dar.

Gobernar es mejorar a las personas, en todas las esferas de su vida, tanto en lo económico y en lo social, como en lo familiar.

Y esta apuesta que ha hecho el Gobierno dominicano al tema de la vivienda, no sólo como locomotora de la economía, sino como verdadera herramienta de desarrollo social y de equidad, es un ejemplo de la determinación que tenemos de abordar las problemáticas desde un punto de vista multidimensional.

Con la declaratoria del 2016 como “Año de Fomento a la Vivienda” por parte del Presidente Danilo Medina, estamos desarrollando la más agresiva política de nuestra historia en materia de construcción y mejoramiento de viviendas para la clase media y la población de bajos ingresos.

Pero lo estamos haciendo de manera integral, porque con la mejora de la vivienda se puede lograr una mejora sustancial de indicadores como la educación, la salud, el acceso al agua potable, el suministro de energía de calidad, la recogida y disposición de desechos, la seguridad, el acceso al transporte público, y otros indicadores más que impactan en el bienestar general de la población dominicana.

Disponer de una vivienda digna y un ambiente residencial satisfactorio, constituye una de las más sentidas aspiraciones de cada una de nuestras familias. Y es el deber constitucional del Estado promover políticas y estrategias que hagan accesible la adquisición de vivienda digna a toda la población.

Cuando leo el artículo 59 de la Constitución dominicana, que establece el Derecho a la vivienda, no puedo más que pensar en el profesor Juan Bosch y sus Villas de la Libertad, inspiración de lo que hoy ha hecho el Gobierno dominicano en La Nueva Barquita, en la Nueva Mesopotamia, en el Nuevo Boca de Cachón, en los Jardines del Gautier, y en otros asentamientos más, donde ha primado el sentido humano de las intervenciones sociales.

Ese Derecho a la Vivienda por el cual hoy luchamos, nace en la Alemania de Weimar, en el contexto de un debate que reconoció la función social de la vivienda.

¿Qué es eso de la “función social de la vivienda”?

El derecho a la vivienda, aunado con el derecho a la alimentación, constituyen la base sobre la cual se construye la integridad física y mental de las personas, su vida privada y familiar, hasta su propia libertad individual.

Es decir, no hay posibilidad de que los seres humanos puedan dedicar sus energías al desarrollo de sus capacidades, si no disponen de un techo digno y un plato sobre su mesa.

Es por eso que la vivienda tiene una función social.

La Constitución de Weimar de 1919 consideraba que la tenencia de la propiedad debía cumplir “un servicio para el bien general”. Es decir, no basta con poner un techo sobre la gente, hay que asegurar que el goce del derecho a la vivienda construya mejores familias, aporte al bienestar del entorno y persiga la mejoría de la colectividad.

Por eso hablamos de vivienda digna, porque no solamente nos referimos al derecho de toda persona de disponer de cuatro paredes y un techo donde encontrar refugio, sino que el derecho a la vivienda también implica acceder a un hogar y a una comunidad segura en la que pueda vivir en paz, con dignidad y con salud física y mental.

Garantizar el derecho a una vivienda adecuada es esencial para el ejercicio del derecho a la familia, a la no injerencia en la vida privada, a la seguridad personal, a la salud y, en definitiva, para asegurar el derecho a la vida.

Todos soñamos con la justicia, el bienestar y la paz.

Creo que es la aspiración de todos los que tenemos auténtica vocación política, pero como dice John Rawls, esa justicia no sólo es un sueño sino una necesidad.

Esa necesidad, vista desde el derecho a la vivienda, tiene un enfoque multidimensional.

A lo interno del hogar, aporta a la cultura de paz, a la disminución de los índices de violencia de intrafamiliar y de género, a la autoestima de los miembros de la familia y su capacidad de desarrollo personal, especialmente en cuanto a la educación de sus miembros.

De igual manera, el acceso a una vivienda digna es decisivo en el estado de salud de los miembros de una familia.

Solo el cambio de piso de tierra por cemento, disipa el gran riesgo de salud que esto constituye, de acuerdo a lo que ha manifestado la Organización Mundial de la Salud.

A lo externo, incide en el acceso a servicios como el agua potable, la electricidad y la recogida de basura; a la vez que beneficia al colectivo por sus aportes al cuidado del medioambiente y a la seguridad ciudadana.

En definitiva, el pleno acceso a la vivienda es una solución a los problemas que en distintas dimensiones afectan a los seres humanos.

Amigos y amigas:

A pesar del lugar fundamental que ocupa este derecho en el marco social, el número de personas que no cuentan con una vivienda adecuada excede holgadamente los 1,000 millones de personas.

En República Dominicana el déficit en materia de vivienda es de más de dos millones: alrededor de 1,100,000 viviendas no tienen acceso a agua, energía, recogida de basura u otros servicios básicos, mientras que más de 900 mil familias en todo el país no tienen vivienda.

Por esta razón, otorgar un techo digno a los dominicanos se ha convertido en uno de los ejes articuladores de la política pública en nuestro país.

Estamos innovando en el diseño de políticas de vivienda articuladas con la política social, que actúan como motores del crecimiento económico y la generación de empleo.

La reducción del déficit habitacional es una de nuestras prioridades, estamos trabajando para implementar una oferta de instrumentos y programas que atienda las características específicas de los distintos grupos de hogares que conforman nuestra población.

Estamos sentando las bases para una Política Integral de Vivienda que opere en el marco de un modelo urbano sostenible e incluyente y que de manera preferente atienda a la población más vulnerable del país.

Amigos y Amigas,

Durante el curso de este Foro, nos hemos propuesto reflexionar e identificar los principales desafíos de esa política integral de vivienda en el marco de las políticas públicas.

Es parte de nuestro compromiso con la promoción del conocimiento de las políticas públicas, especialmente las de protección social.

Estoy convencida de que, sólo trabajando de forma coordinada y combinada, podrán nuestros gobiernos lograr reducir los índices de pobreza y desigualdad.

Quiero agradecer a todos los expositores que se han dado cita en este evento, especialmente a los que han venido de otros países para compartir sus conocimientos con nosotros.

Quiero reconocer el apoyo del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, quienes han sido unos grandes impulsores del tema en el debate dominicano.

Este Foro es el espacio idóneo para la construcción colectiva de conocimiento, para la creación, la innovación y la cultura, en materia de vivienda.

Tenemos el compromiso de fijar las bases para la nueva agenda urbana de Política Concertada de Vivienda Social y Hábitat, un aporte a la integración y coordinación de las políticas sociales. Es un objetivo que ha sido abordado por nuestro gobierno con sumo interés.

Esta integración debe estar dirigida a promover un país de mayor igualdad, donde el desarrollo económico sirva al desarrollo humano, creando sociedades con una mejor calidad de vida y bienestar para sus ciudadanos.

República Dominicana está en un momento importante de su historia, un momento en el que está consciente de su capacidad de producir bienestar y abundancia.

Se requiere el concurso de toda la sociedad para que logremos esa protección, prosperidad y progreso en nuestros países.

Si no nos comprometemos a dar a la gente oportunidades para que mejoren sus vidas, estaremos paralizando el presente y embargando el futuro de la humanidad.

Y si hoy nos damos cita aquí, es porque compartimos la creencia de que un país con mayor igualdad es posible.

Un país con una mejor calidad de vida, es posible.

Un país que termine con la transmisión inter-generacional de la pobreza, es posible.

Un país de oportunidades, es posible.

Muchas gracias.

Que Dios les bendiga.